El Gobierno quiere una modelo de mediación de ‘obligatoriedad mitigada’

 Publicado el Por Alfredo López

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 11 de enero, a propuesta del Ministerio de Justicia, al anteproyecto de ley de impulso de la Mediación, con la que se pretende implantar de forma definitiva la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extra-judicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes.

El impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.

En concreto, la nueva regulación supera el modelo de mediación actualmente vigente, basado en su carácter exclusivamente voluntario, por el denominado de “obligatoriedad mitigada”. Este nuevo modelo obligaría a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias.

Esta sesión sería conducida por un mediador y estará dirigida a explorar tanto el asunto objeto de controversia, como el posicionamiento inicial de las partes, que recibirán información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la medición y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro y costes.

Menor coste

Según el Ministerio de Justicia, en la mediación no se requiere abogado, ni procurador, y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial. La obligación de intentar la mediación se extiende a los casos civiles más comunes, como pequeñas reclamaciones de cantidad, herencias o asuntos de familia.

En el anteproyecto de ley se establece también una mediación extra-judicial, que tendrá lugar cuando el juez o tribunal, una vez analizado el caso, considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria entre las partes, siempre y cuando no se hubiera producido un intento de mediación con carácter previo al inicio del proceso. Se opta por no suspender el curso del proceso judicial.

Para actuar como mediador, apunta este departamento, será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia, o en los registros habilitados para tal fin por las comunidades autónomas.

El anteproyecto de ley de impulso de la Mediación introduce reformas en tres normas: la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; la ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para incorporar la mediación entre sus servicios.

Entraría en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.


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