Cooperativas Agro-alimentarias pide que las nuevas autorizaciones de viñedo no rebasen el 0,25% de la superficie plantada

 Publicado el Por Efe

Ángel Villafranca. (photo: )
Ángel Villafranca.

Cooperativas Agro-alimentarias defiende que el incremento de autorizaciones administrativas para plantar viñedos en España durante 2016 (al margen de lo que las Denominaciones de Origen puedan defender en sus zonas de influencia) se limite a un máximo del 0,25% de la superficie ya plantada “para evitar desequilibrios”.

Así lo explica en una entrevista con Efeagro el presidente de esta organización, Ángel Villafranca, en la que evalúa el nuevo sistema de autorizaciones que entrará en vigor en enero de 2016 y que sustituye al tradicional régimen de derechos de plantación.

Para poder obtener una autorización para plantar, la norma comunitaria establece ahora tres vías: por arranque de un viñedo; por reconversión de un derecho que tenga validez a 31 de diciembre de 2015; o bien a partir de un cupo que se pondrá a disposición anualmente y que será como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior (“cláusula de salvaguarda”). En todo caso, habrá normas para la limitación de replantaciones o de nuevas plantaciones en D.O.P.s e I.G.P.s, y en otras zonas en función de las recomendaciones de las organizaciones profesionales.

"Entendemos que hay una nueva situación, pero también un volumen importante de potencial vitícola, es decir, de derechos que están en poder de los viticultores y que todavía no se han ejercido", por lo que "nosotros seríamos partidarios de ser muy prudentes en este primer año de aplicación" a la hora de autorizar nuevos viñedos.

De acuerdo con las Cooperativas, España tendrá que comunicar a Bruselas algún incremento porcentual del potencial productivo, ya que la Unión Europea (UE) no aceptaría una congelación. Villafranca recuerda que, con el sistema que entra en vigor en 2016, tanto en España como en los países de la UE se requerirá de una autorización administrativa del Estado para reponer el viñedo tradicional cuando cumpla su ciclo de vida. La Administración española, podrá aprobar por campaña hasta un 1% de autorizaciones de viñedo como máximo, con carácter general.

"A nadie del sector nos gusta el nuevo sistema", porque al eliminarse el viejo sistema de derechos "los viticultores pierden parte de su patrimonio histórico", apunta Villafranca. Los antiguos derechos podían comprarse y venderse, pero las nuevas autorizaciones no, lo que motiva el rechazo del agricultor. No obstante, reconoce que el nuevo régimen es "el menos malo" posible, ya que la Comisión Europea planteaba inicialmente una liberalización total, que podría haber generado fuertes desequilibrios, como en el lácteo tras el fin de las cuotas.

Entre los riesgos, apunta que, mientras habrá zonas que mantengan el equilibrio entre producción y comercialización, y precios rentables para agricultores y bodegas, otras pueden "desequilibrarse".

A su juicio, el 1% teórico de incremento de plantaciones que admitirá el Estado como máximo, calculado sobre la superficie total existente en España, se traduciría en 9.500 hectáreas de viñedo adicionales, una extensión que quizás pueda ser asumible si se plantan proporcionalmente en las distintas zonas, pero que generarían problemas si se concentran más en una comarca o región. En cuanto a cómo funcionará en la práctica el nuevo sistema, analiza así el escenario desde enero de 2016 y hasta 2020.

En el caso de que un agricultor tenga derechos históricos de plantación para los próximos años, deberá convertirlos en autorización administrativa; un trámite que realizará cuando haya decidido ejecutar la nueva plantación y siempre antes de la fecha de la caducidad del antiguo derecho.

Si el viticultor decide arrancar la parcela para sustituirla por otro viñedo, tendrá que comunicarlo en tiempo y forma a la Administración y solicitar la autorización pertinente para plantar en esa misma parcela o en otra, siempre de la misma explotación.

Pero, si el profesional quiere acometer nuevas plantaciones, se verá obligado a realizar la solicitud administrativa a su Comunidad Autónoma, con los límites que haya establecido el Estado y las prioridades que éste haya marcado (por ejemplo, la preferencia sobre los jóvenes agricultores).

Según las previsiones de las Cooperativas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá que difundir antes de 1 de febrero el volumen de autorizaciones que acepta, con el citado techo del 1% como máximo crecimiento de superficie posible.


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