Transformarnos en vendedores

 Publicado el Por Salvador Manjón

Tal y como a sucediera en la pasada campaña, las bodegas buscan los resquicios que pueda haber dejado la Ley por donde eludir (más bien demorar) el pago de la uva. El establecimiento de 30 días pone en serias dificultades a muchas bodegas pues, además de la discriminación que consideran se les somete frente a las cooperativas (exentas de la aplicación estos plazos al considerarse que los mismos viticultores son los elaboradores), la aplicación de la Ley12/2013 de medidas para la mejora de la cadena alimentaria supondrá un importante aumento en el valor de sus elaborados, dado el coste financiero que les obligará a asumir semejante plazo.

El Magrama aclara que la uva de transformación es un producto fresco y que, en aplicación de la Ley, el plazo de pago será de 30 días a contar desde la entrada en bodega del último remolque. Ahora bien, dado que esta uva puede estar acogida a una norma de calidad específica como una I.G.P., una D.O. o la de un producto ecológico; que requieren la certificación del organismo competente; se ha optado por obligar a establecer dos precios en los contratos. Uno que correspondería al precio de la uva de transformación destinada a la elaboración de vinos sin norma de calidad, y otro adicional aplicable a estas figuras de calidad que deberán estar recogidas en la normativa sobre el procedimiento del amparo de la uva. Cuyo plazo seguirá siendo los 30 días, pero que no comenzará a contar hasta el momento en el que el organismo certificador comunique su validez para destinarse a la elaboración de los vinos amparados por su sello de calidad.


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