Desarrollo de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

 Publicado el Por Vicent Escamilla

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Reales Decretos completos en pdf adjunto.

El Gobierno aprobó el pasado 6 de febrero dos reales decretos que desarrollan la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Mediante estos textos, que pueden encontrar en los pdf adjuntos, se desarrolla el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, así como el funcionamiento y composición del Observatorio de la Cadena Alimentaria, la Red de Laboratorios Agroalimentarios de control de calidad comercial en origen; y regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Las organizaciones agrarias han celebrado la aprobación de estos reales decretos para desarrollar la Ley de mejora de la cadena alimentaria, porque permitirán que se aplique y, en consecuencia, haya más garantías para el productor.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, manifestó que con estos decretos se culmina una regulación que permitirá mejorar la competitividad de todos los operadores que intervienen en la cadena alimentaria. La ministra destacó que es la primera vez que el Gobierno legisla de una forma específica las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de este sector económico.

El objetivo es evitar prácticas abusivas en los contratos o en la venta de alimentos y, en este sentido, García Tejerina ha advertido de que los incumplimientos reiterados de la ley pueden ser penalizados con sanciones de hasta un millón de euros.

Entre los aspectos principales de la nueva regulación destacan un registro estatal de buenas prácticas comerciales y el régimen de control de la AICA. En dicho registro podrán inscribirse empresas que voluntariamente hayan decido adherirse al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria. La normativa también establece la posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación, cuando no hubiera acuerdo al fijar el precio en los contratos correspondientes a la primera venta de productos agrarios no transformados.

En cuanto a la AICA, el Gobierno ha precisado las condiciones de su funcionamiento, especialmente su labor central: la inspección para vigilar las relaciones entre los operadores del sector. Con el fin de agilizar su actividad, el Real Decreto determina para la finalización de las actuaciones el plazo máximo de seis meses, “sin perjuicio de que, por circunstancias excepcionales o debido a la obstrucción de los controles por el inspeccionado”, pueda prorrogarse. Además, refuerza la coordinación institucional de la agencia con los organismos competentes.

Así, en el caso de que los inspectores de AICA detecten irregularidades en asuntos que no sean de su atribución, se establece el mecanismo de traslado a las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También se manifestó al respecto el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, quien afirmó que las inspecciones que este organismo realiza para garantizar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria “permitirán al sector cobrar antes de lo que venía siendo habitual”.

Herrero recordó que el sector agroalimentario tiene un régimen especial que impide retrasar más de 30 días los pagos de alimentos frescos y perecederos, un plazo de 60 días para el resto de compras. La AICA, ha resaltado, “vigila que se paguen los productos en los plazos marcados, y si no se cumplen se sancionará”, ya que el incumplimiento de los pagos se considera infracción grave y puede conllevar multas de hasta 100.000 euros.

En este sentido, la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria “incorpora nuevos derechos y obligaciones para los operadores, prohíbe las prácticas abusivas y establece un régimen de infracciones y sanciones ante su incumplimiento”.

Gracias a esta Ley, “las ventas a resultas van a extinguirse, al ser obligatorio determinar un precio antes de que se entreguen las mercancías, un periodo que deberá estar fijado por escrito en el contrato alimentario”. Desde la entrada en vigor de esta Ley, el 4 de enero de 2014, esta agencia ha realizado ya más de 1.800 inspecciones de control.

 


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